Rebeldía judicial

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Si el TSJA ‘tumba’ sin contemplaciones la máxima norma bajo tu responsabilidad: ¿Exactamente qué debe pasar para que los políticos asuman su cuota de la misma? La sentencia es valiente, transparente y no deja lugar a dudas. El encubrimiento de una genuina «revisión del plan» como una «modificación puntual» hace imprescindible una nueva tramitación. Cuando se tratan estos asuntos se está tratando el fondo: las garantías de un ciudadano frente a la administración y el respeto al principio de legalidad.

La tramitación irregular ha generado una inseguridad jurídica que, por sus consecuencias, puede poner en peligro la estabilidad económica de las empresas involucradas. Aun así, no debería existir responsabilidad patrimonial administrativa frente a los propietarios del suelo ya que las licencias administrativas hasta ahora no habían sido otorgadas. Las expectativas de beneficio no son suficientes.

Por último, calcular el plazo de resolución del Supremo como táctica política dilatoria, consumiendo recursos públicos y saturando aun más el sistema judicial, es irresponsable y una actuación ilegítima por parte de un administrador público. Además, es posible que el Supremo considere que no procede el recurso. ¿Existe plan B municipal? Asumo que cumplir la sentencia ni se lo plantean. Cosas de la pólvora del Rey.

Mi opinión: con más demandas del mismo abogado en la recámara, más demandas de las asociaciones vecinales, el pleito perdido con el arquitecto Rañada, la activa Plataforma de Cabueñes y Ovidio Blanco en el penal, el PGOU es un muerto andante. El problema es saber cuánto dinero nos va a costar certificar su defunción.