La función de los funcionarios es hacer que el Estado funcione por Jesús Hevia

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A muchos parece habérseles olvidado: Todo funcionario trabaja “para” y “por” un país. La falta de controles de rendimiento y eficiencia en los cargos públicos propicia el acomodamiento, el desinterés y, en el peor de los casos, la corrupción del funcionariado. Que aún no se hayan tomado medidas al respecto responde, a mi juicio, a un motivo tan claro como entristecedor: la decisión está en manos de cargos públicos que prefieren no correr el riesgo de morder su propio anzuelo en un descuido.

Cualquier Estado necesita trabajadores públicos; a poder ser, eficaces, comprometidos y leales al sistema. Y cuanto mejores sean las aptitudes y la cualificación del funcionariado, mejor le irá al país. El problema radica en que las arcas públicas no pueden, ni deben, competir con la empresa privada en la remuneración por los servicios prestados. Así pues, todo trabajador cualificado que dé prioridad a un salario elevado descartará lógicamente la opción de servir al Estado. Para contrarrestar esta pérdida se recurre al comodín de la seguridad, es decir, a garantizar un empleo de por vida con su respectiva pensión.

A priori puede parecer una táctica acertada prescindir de quienes por encima de todo valoran el aspecto económico. No obstante, emplear a aquellos que se interesan por la seguridad dista de ser la solución ideal; por un lado, porque esa seguridad suele desembocar no en comodidad sino en acomodamiento; y por otro, porque tampoco se logra filtrar a los trabajadores públicos más adecuados, a saber, los comprometidos verdaderamente con su país. Si se me permite la comparación, diré que algo parecido sucede con los equipos de fútbol y los jugadores de las canteras. Y que cada uno saque sus propias conclusiones.

En Alemania, donde a los funcionarios les está prohibido por ley declararse en huelga (medida que considero acertadísima), apenas se han incrementado los salarios públicos durante los últimos años, se ha suprimido la paga de vacaciones, se ha recortado la de navidad en un 30% y la jornada laboral a pasado de 40 a 41’5 horas semanales. El descontento es considerable, pero no lo suficiente como para que los funcionarios abandonen su cargo público y den el salto al libre mercado de trabajo. Y es que en el fondo, todo responde a una lógica muy sencilla: el Estado necesita empleados y ha de hacer todo lo posible por llenar el cupo; todo lo posible pero ni un ápice más, puesto que más dinero y/o más seguridad no garantizan una mayor eficiencia.

Como ya he comentado arriba, dada la sequía moral que padecemos es casi utópico que los cargos públicos aprueben medidas de autocontrol. Y como supongo que a todos nos consta lo provechoso que sería una implantación de salarios variables con incentivos por objetivos alcanzados, así como la creación de comisiones de control de calidad, pues no queda otra que lamentarse.

Termino pidiéndoles a los funcionarios que no olviden que la desatención de sus labores es infinitamente peor para el país que el descuido de Sergio Ramos contra Suráfrica. Si alguien entra en cólera, que no sea por nuestros funcionarios del balompié; aunque cueste mucho creerlo hay asuntos más serios, como por ejemplo la educación, la justicia, la seguridad nacional, la administración, etc.

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