Archive for 30 noviembre 2010

Los culpables, en casa

noviembre 30, 2010

Padres y madres, si prefieren seguir en la inopia dejen de leer. ¿No? Sus hijos menores de edad beben. Todos. Si no lo hacen serían los raros de la clase. Lo más probable es que también tengan relaciones sexuales, y si no, les aseguro que han visto suficiente porno en Internet como para dejar boquiabierto al Marques de Sade.

En serio, cuando su niño llega a casa tambaleándose no es porque algo que le haya sentado mal, y si al día siguiente intenta comer la sopa con tenedor es que tiene resaca. Si su ropa huele a estibador alcoholizado no es porque le hayan tirado una copa por encima. Si mastica chicle de menta cuando entra por la puerta es que fuma tabaco. Y no, la piedra de costo que le ha encontrado en un cajón no se la está guardando a nadie, es suya, junto con el papel de fumar.

Ni estoy diciendo que me parezca bien, ni quiero banalizar el consumo de drogas. Lo único que estoy señalado es que actuar ahora contra un establecimiento concreto es cerrar los ojos a la evidencia de manera hipócrita. Los veo todos los fines de semana comprar alcohol en manada en el supermercado bajo mi casa. Dense un paseo por la plaza del mercado San Agustín y quizás descubran algo nuevo.

Adolescencia. Por un lado, marcados roles sexuales han ido invadiendo espacio en la infancia. Por el otro, el periodo en el que somos hijos se alarga, y la madurez se retrasa. Las drogas blandas y duras, con su carga de nihilismo, son algo cotidiano para los jóvenes que banalizan su consumo. La adolescencia como paso previo a la madurez ha ganado en complejidad y caos.

Si quieren proteger a su hijo, edúquenlo y no busquen culpables fuera de las cuatro paredes de su casa. Y si quieren, ahora, pedimos antorchas y gasolina, pero eso no resolverá ningún problema.

La noticia y mi columna

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Triste

noviembre 25, 2010

Pese a la imagen trasladada desde algunas instancias políticas, nuestro país no es el infierno de irredentos maltratadores que se quiere hacer ver. La evidencia nos dice que España es uno de los países de Europa en el que menos muertes se producen. Es decir, este país caricaturizado por algunas asociaciones feministas como atrasado, católico, machista, sexista y desigual, ofrece mejores (por menores) cifras de maltrato que países como: Francia, Alemania, Austria, Finlandia o Suecia. Antes de realizar interpretaciones sociológicas ideologizadas cuenten con el dato. Desde 1999 la tendencia española señala una reducción de victimas mortales nacionales. Paralelamente, coincidiendo con su llegada, se ha producido un notable incremento en las victimas inmigrantes, parte importante latinoamericana y africana.

Un desgraciado 2010, en Asturias, cinco muertes. En España, cincuenta y tres. En 2008 en España, 3.263 suicidios, 3.021 fallecidos en accidentes de tráfico, muertes directas por drogas, medio millar, indirectas, decenas de miles. Siendo estos los datos, adjunto a un ministerio clausurado, durante estas dos últimas legislaturas hemos movilizado enormes cantidades de recursos contra el maltrato. Incluida una sobreexposición mediática con un posible efecto repetición, hemos convertido sus políticas públicas en un tabú. Gastamos dinero en publicidad ¿Funciona? Observatorios, Institutos, programas, talleres, cursos, asociaciones subvencionadas ¿Funcionan? La propuesta estrella del gobierno socialista asturiano, la infrautilizada Casa Malva, que iba a ser «referente» de los centros de acogida e iba a constituir un «parón para esta lacra» ofrece fundadas dudas sobre su eficacia en la lucha contra el maltrato. La pregunta no es si gastar menos, sino cómo gastar mejor.

Enlace aquí

PD: Hoy sí es el día para decir estas cosas, porque creo que si realmente queremos que las cosas mejoren, lo mejor que podemos ofrecer desde la ciudadanía es una perspectiva crítica.

Limbo

noviembre 24, 2010

En el limbo adonde van los proyectos inacabados durante estas décadas de gobierno socialista no se debe de vivir nada mal. Allí, entre fachadas acristaladas y la estación intermodal, por encima de la alta velocidad y por debajo del polo logístico energético, está el proyecto Salamandra. Fechado en 2002, el colmo de la metáfora urbanística gijonesa es que un proyecto, que nunca se construyó, fue expuesto como ejemplo de arquitectura española en el MOMA. Como parábola no deja de tener su gracia.

Abandonando las bromas, recuerdo algunas expresiones desafortunadas de hace un año, cuando Pedro Sanjurjo declaró que la anulación del plan por el TSJA no iba a tener consecuencias ( «el PGOU tiene plena vigencia en tanto no haya sentencia firme»). Es raro que desconociese en aquel momento que el Supremo dictó en 2009 que las sentencias anulatorias de un Plan General producen efectos para el Ayuntamiento afectado, aunque no hayan alcanzado firmeza. Pues hoy, con la actuación paralizada por las suspensiones cautelares, el Ayuntamiento va a recurrir los autos con una triple argumentación. Este ejercicio dialéctico puede ser muy entretenido para los letrados que lo lleven y lo cobren, pero, además de consumir recursos públicos en esfuerzos estériles, para todas las empresas involucradas las consecuencias de esta inseguridad jurídica compromete y pone en riesgo puestos de trabajo e inversiones. En esta ciudad a estas alturas deberíamos estar acostumbrados, pero me gustaría saber qué hace falta para que alguien perciba que existe una responsabilidad política en el Plan anulado. El PP, con su consumada estrategia de parecer siempre prescindible, está muy ocupado planificando líneas complementarias para infraestructuras inexistentes. Aun así, no perdamos la esperanza en que alguien, algún día, asuma responsabilidades.

Enlace aquí

Sobre recursos, alegaciones y el texto de Héctor Salazar

noviembre 14, 2010

Sin entrar al fondo del asunto, que ni me compete ni conozco. Sólo porque me parece que se está haciendo una interpretación de los estatutos por parte de Héctor Salazar que, por errónea, genera bastante confusión entre algunos afiliados.

Le cito: Las expulsiones han sido directas (no entiendo que quiere decir al calificarlas de “directas”, sólo existe un procedimiento aplicable de baja), y como se puede observar no cumplen para nada con el artículo 11 de nuestros Estatutos:

1. No se han podido hacer alegaciones.

2. No se han podido aportar pruebas.

3. No se ha permitido audiencia.

4. En la resolución no se ha indicado la procedencia o no de ulterior recurso y el plazo para interponerlo, en su caso.

5. Lo más grave, no ha presumido la inocencia durante el procedimiento disciplinario, más que nada porque no han permitido tal procedimiento.


Primero, según nuestros estatutos las bajas requieren de acuerdo motivado del Consejo de Dirección.

“La declaración de pérdida automática de la condición de afiliado, que llevará aparejada además las suspensión de funciones e inhabilitación para desempeñar cualquier cargo en el partido o en su representación, la acordará de forma motivada el Consejo de Dirección, que podrá actuar de oficio o a solicitud de cualquier otro órgano del partido.”

El afectado podrá recurrir formulando las alegaciones que considere oportunas en el plazo de 15 días hábiles ante la Comisión de Garantías, que resolverá de manera urgente y sin ulterior recurso en el mismo plazo.

Es tras la comunicación de la sanción por parte del Consejo de Dirección (no de manera previa), cuando el afiliado alega ante el Comité de Garantías. Es decir, se alega ante una autoridad distinta a quien sanciona, para garantizar la independencia. Y es durante la fase de alegaciones cuando se realiza la proposición de prueba y se solicita audiencia (ser oído). Todo ello forma el conjunto de un procedimiento sancionador contradictorio (en que ambas partes sean escuchadas). Es una secuencia habitual basada en el derecho administrativo común.

Recomendaría más prudencia a la hora de opinar sobre estos temas.

Firma de opinión para Punto Radio

noviembre 9, 2010

Radiada el 2 de noviembre de 2010, para el programa “Queremos hablar de Asturias”

Memento Mori

noviembre 9, 2010

Felicidades a los vecinos de Carreño que han parado un despropósito que muchos asturianos consideramos inexplicable. Dejar que el gobierno, con su actitud abusiva, acometiese la supresión de la frontera que representa el Alto Aboño, barrera natural contra la degradación medioambiental que afecta a toda la zona de la ría, hubiese sido una irresponsabilidad y una penosa decisión a largo plazo. En todo caso, si la actuación era imprescindible y ofrecía alguna remota ventaja, hubiese necesitado de menos actitudes prepotentes y más argumentos de peso (necesidad de la operación, usos finales de la superficie y rentabilidad social) para que cualquier ciudadano se plantease apoyar esa polémica decisión.

Sin embargo, el partido socialista, que gobierna en todas las administraciones involucradas, ha repetido el mantra de la llamada «ampliación de El Musel», trabajo penosamente ejecutado que va dejando un rastro de errores y equivocaciones indignante. Restar importancia a la suspensión cautelar demuestra un desprecio absoluto a la justicia y a los vecinos, amén de una soberbia difícil de digerir. La vinculación incomprensible del desmonte y la ampliación portuaria, cuando el relleno ya se ha realizado, y van a sobrar metros en el terreno ganado al mar por el puerto, es uno de esos grandes interrogantes que nadie explica.

En los años ochenta, gracias a decisiones de este cariz, se convirtió la playa y la ría de Aboño en un parque de carbones. Sí, han leído bien. Ya en democracia, una playa y una ría transformados en una explanada para acumular carbón. Nunca subestimemos la suprema majadería de nuestros políticos.

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