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Hechos y memoria sobre el franquismo

mayo 21, 2013

Como parece que este tema nunca deja de estar de actualidad, me permito rescatar un texto que tuve la suerte de que mi padre me permitiera “pasar a máquina” y que elaboró en el año 2006 en el marco de un encuentro en Burgos con juristas jóvenes. 

El difícil ejercicio de la abogacía, por José Ramón Herrero Merediz

“Mi relación con Burgos viene de hace muchos años. Aquí nació mi abuela en el año 1866. Aquí se quedó huérfana con 9 años. Hija de un coronel del ejercito cristino, D. Mariano Díaz Parreño, hecho prisionero por los carlistas en una acción de guerra y fusilado en 1875. También madre de otro ejecutado, D. Mariano Merediz Díaz Parreño, diputado fusilado en zona republicana en Gijón en otra guerra civil, la de 1936.

 Su vida nos recuerda el verso de Machado.

“Españolito, te guarde Dios,

¡Una de las dos Españas ha de helarte el corazón!”

A ella, a mi abuela, fueron las dos Españas las que le helaron el corazón.

En el año 1956, contando con 25 años, me encontraba en París siendo ya licenciado en derecho. Había emprendido un recorrido por Francia realizando la vendimia por el sur y posteriormente, ya en la capital, trabajando en la construcción. Simultáneamente el Partido Comunista de España anuncia su “Política de Reconciliación Nacional”. Por ello no es de extrañar que, como se recoge en el posterior proceso judicial, pese a mi formación en colegios de padres jesuitas, frente de juventudes y S.E.U, solicitase el ingreso en el Partido Comunista ese mismo año.

Ya de regreso a España, el 8 de febrero de 1960, hacia las 14:00 horas de un día frío y ventoso, al entrar en la habitación donde dormía, en el momento de ir a quitarme la gabardina, vi una pistola apuntándome a la altura de mi cabeza, muy cerca, cuyo cañón oscilaba peligrosamente, y dos voces, que simultáneamente me decían… “¡Arriba las manos!” y “¡Quieto no se mueva!” Tras unos instantes acerté a preguntar “¿Qué hago?”

En ese momento supe que mi vida había dado un vuelco definitivo. Esposado, con las manos a la espalda, ingresé en la Comisaría de Policía de Gijón a disposición del Juzgado Especial Militar, con jurisdicción en toda España. Permanecí en Comisaría durante 8 días, rigurosamente aislado. Esa misma noche fui torturado. A un compañero, en la habitación de al lado, le arrancaron la piel de las manos. Le hacían unos pequeños agujeros mediante una máquina de picar los billetes del mismo tranvía que circulaba por esos días en Gijón.

A mi me bajaron a los calabozos entre dos policía armados ya que era incapaz de sostenerme en pie. Al mismo tiempo, las muy cercanas campanas de la iglesia de San Lorenzo tocaban para la misa de 8, aquella a la que solían asistir mis tías y que, ignorantes de lo que ocurría a pocos metros de ellas, acudirían como todos los días. Mientras escuchaba las campanas pensaba en cuán diferentes eran los dos mundos: el de mis tías y el mío.

Ingresé en la cárcel del Coto de Gijón el 15 de febrero donde, el resto de febrero, marzo y parte del mes de abril, seguí rigurosamente aislado. Ya con la primavera, esposado con un preso común, inicié un viaje conducido por una pareja de la guardia civil, recluido junto con otros presos, en un vagón de madera de prisión en prisión: León, Palencia y Ávila; entre el recelo, la compasión y la curiosidad del resto de viajeros. Aún así aquel viaje en primavera por el campo de Castilla era una compensación tras los duros meses de aislamiento entre los cuatro muros de la celda.

Ingresado en la prisión de Carabanchel, en el mes de mayo recibo la visita del Juez Instructor Militar. Me ratifico en mi declaración. Nunca había negado mi condición de dirigente del Partido Comunista en Asturias, ni mi asistencia al VI CONGRESO celebrado en Praga. Me informa que mi delito es de rebelión militar y la pena correspondiente oscila de entre los seis meses hasta la pena de muerte. Sinceramente, no creí que mi vida corriese peligro, pero nunca olvidaré la sonrisa de satisfacción de mi juez instructor, el Teniente Coronel José Antonio Valvas Parellas.

Tras esa visita se levantó el proceso de total incomunicación y, por fin, pudimos salir al patio y hablar con el resto de los detenidos. Esta situación duró escasamente veinticuatro horas. Estábamos juntos (presos políticos y comunes) y un funcionario de prisiones, creo que confundiendo a un político con un común, le dio un bofetón a un preso, cosa que él consideraba como normal trato a los presos comunes. Resultado: huelga de hambre unitaria por primera vez desde el fin de la guerra; de acuerdo estaban el PSOE, (Antonio Amat, uno de los máximos dirigente en el interior), el FELIPE (Juan Gerona) y los comunistas. Fui miembro de la comisión que se entrevistó con el Director de la Cárcel de Carabanchel. Consecuencias: seis días de huelga de hambre, 40 días en celdas de castigo y la definitiva separación entre los edificios destinados a presos comunes y políticos dentro de las cárceles. Un primer e importante paso en el reconocimiento de que existían presos políticos en las cárceles franquistas.

¿Qué son o que eran esas celdas de castigo? En Carabanchel consistían en una celda de dimensiones normales, cinco metros por cuatro, que por medio de una reja se reducía a un metro con ochenta por cuatro. En lo alto de esta celda, día y noche lucía una bombilla. El sancionado permanecía en el fondo de la celda, sin agua corriente, con un cubo de agua diario para lavarse. El prisionero debía echarlo rápidamente por el desague al llegar la mañana ya que inmediatamente se le retiraba junto con el petate y la manta. ¿Por qué sé que la celda medía un metro con ochenta, si no disponía de un metro? Porque eso es lo que yo medía entonces: uno con ochenta y por las noches, cuando nos devolvían el petate y yo me tumbaba, mi cabeza y mis pies rozaban con la reja y la pared.

Este tipo de celdas se utilizaban también para los condenados a pena de muerte y es posible que, según las inscripciones que se encontraban en la pared, hubiese ocupado la misma celda que el famoso Jarabo, un asesino de la época al que se le dio garrote vil en el año 59. Estas inscripciones se realizaban en la pared con la ayuda de la cuchara, único instrumento para comer, prohibidos totalmente tenedor y cuchillo, pero útil para ir grabando las rayas que nos indicaban el paso de los días.

Cumplida la sanción de los primeros cien días de cárcel, me había pasado noventa y seis rigurosamente aislado y los cuatro días restantes conducido por la pareja de la guardia civil de prisión en prisión, en cuerda de presos.

En este momento me gustaría hacer un alto para explicar la fundamentación jurídica del proceso al que se nos sometió.

Dada la necesidad de control social generada tras la guerra civil, la jurisdicción militar se constituye en el eje central de la represión política del Franquismo. Tras producirse el alzamiento contra la república el 18 de julio de 1.936, el Bando de guerra, declarado ya en otras provincias, de la Junta de Defensa Nacional de 28 de julio de 1936, hace extensivo el estado de guerra a todo el territorio nacional.

Este Bando ratifica el procedimiento sumarísimo, suprimiendo las garantías que se contemplaban en el entonces vigente Código de Justicia Militar. Estas garantías son suprimidas mediante el Decreto numero 79 de la Junta de Defensa Nacional de 31 de agosto y el Decreto del general Franco numero 55 de 1 de noviembre, ambos de 1936. Todo ello con el fin, según el preámbulo del decreto, de “garantizar la rapidez y ejemplaridad tan indispensable en la justicia castrense”.

El mantenimiento de la jurisdicción militar, jurisdicción en la que los servidores de la justicia militar eran nombrados por la línea jerárquica de mando, normalmente entre capitanes generales o gobernadores militares con mando en plaza, se mantiene como máxima expresión de la represión hasta 1.975, pero es necesario señalar dos etapas jurídicas bien diferenciadas.

Una primera, en que la ley de Seguridad del Estado de 29 de marzo de 1941 tipifica nuevos delitos; entre ellos los delitos contra la seguridad del Estado y contra el gobierno de la nación. Sin embargo es la Ley de 2 de marzo de 1943 la que en su artículo 1 indica:

“…serán considerados reos del delito de rebelión militar y penados con arreglo al Código de Justicia Militar.

  • 1º.-Los que propalen noticias falsas o tendenciosas con el fin de causar trastornos de orden público… o desprestigio del Estado, Ejércitos o Autoridades.
  • 2º Los que conspiren por cualquier medio o tomen parte en reuniones, conferencias o manifestaciones con los mismos fines

Podrán tener también este carácter los plantes, huelgas, sabotajes, uniones de productores y demás actos análogos.”

Y que en su artículo 2 sigue

  • “2º.-La jurisdicción de guerra será la competente para conocer de los delitos comprendidos en esta ley, que serán juzgados por procedimiento sumarísimo.”

Ya por el año 1960, la ley de 1.943 y la ley de Represión del Bandidaje y Terrorismo quedan unificadas y manteniendo su vigencia en base a un decreto del 21 de septiembre. Reproduciéndose en este decreto el artículo 2 de la ley del 43. Artículo por el cual se considera reos de rebelión militar a los que propalen noticias falsas, tomen parte en reuniones, plantes, huelgas, uniones de productores… Quedando todos ellos sujetos a ser juzgados en consejos de guerra sumarísimos.

Este fue el decreto que se nos aplicó en nuestro Consejo de Guerra en noviembre de 1960. Asimismo fue el decreto en el que se basó la acusación y posterior Consejo de Guerra que en el año 1.963 se efectuó contra Julián Grimau. Este proceso finalizó con la sentencia a pena de muerte ejecutada por fusilamiento, originando una enorme repulsa internacional.

Como muestra de la falta de garantías jurídicas, es conocido que en ambos Consejos de Guerra, el vocal ponente, que fue ascendido a comandante auditor en diciembre de 1.960, y cuya figura cumple la función de asesor jurídico del Consejo, ejerció estas funciones pese a que carecía del título de licenciado en derecho. Esta circunstancia se acreditó mediante certificaciones negativas del Ministerio de Educación y Ciencia de todas las universidades españolas, excepto la de Sevilla que certificaba que tan sólo cursó estudios en 1.932 y 1933 aprobando 3 asignaturas y que en la matrícula del año siguiente no se presentó a  ninguna convocatoria.

La historia de este curioso personaje culmina el 22 de septiembre de 1.966, día en que se dictó sentencia, reunido el Pleno del Consejo Supremo de Justicia Militar, siendo condenado D. Manuel Fernández Martín a un año y seis meses de prisión menor. Se calcula en unas 4.000 las causas en las que había intervenido y en unas 1.000 las condenas de muerte en las que, en diversos consejos de guerra, participó como fiscal militar o vocal ponente. Estos datos han sido  recogidos por el Centro de Documentación y Estudios presididos por Salvador de Madariaga.

En la segunda etapa jurídica de la represión, a determinadas conductas de actuación política no se les aplica la jurisdicción militar. Si no que en esta se “civiliza” mediante la creación de la Jurisdicción Especial de Orden Público, integrada por el Juzgado de Orden Público para instruir los procedimientos y sumarios por propagandas ilegales, asociación ilícita, reuniones y manifestaciones. Tras pasar por este Juzgado de instrucción, el Tribunal de Orden Público previa celebración del juicio dictaba sentencia.

Esta nueva jurisdicción tendría jueces, magistrados, fiscales y secretarios “civiles”, nombrados expresamente para cumplir sus funciones en esta nueva organización.

La vigencia temporal de esta jurisdicción fue desde diciembre de 1.963 hasta enero de 1.977, año en el que el gobierno de Adolfo Suárez publica la ley de reforma política y promueve la creación de la Audiencia Nacional, con el traspaso a la misma de la competencia en materia de terrorismo.

Durante la vigencia de esta nueva forma de represión, se incoaron 22.660 procedimientos y se dictaron 3.798 sentencias. En los tres años finales (74-76) se tramitaron 13.010 procedimientos, casi el 60 por ciento del total de los doce años de su funcionamiento, dato significativo del aumento de la oposición al franquismo.

Para seguir con el relato de mi proceso diré que al llegar noviembre de 1960, se reúne por fin el Consejo de Guerra para fallar la causa que por los trámites del juicio sumarísimo había incoado el Juzgado Militar Especial Nacional de Actividades Extremistas del que era Juez Militar el Coronel Eymar. Los miembros del Consejo habían sido nombrados entre los militares de guarnición en Madrid. Únicamente el fiscal militar y el Vocal Asesor eran teóricamente licenciados en derecho.

Nuestro defensor, nombrado entre una lista de militares que era desconocida por los acusados, se esforzó todo lo posible. Éramos diecisiete procesados y el fiscal solicitaba en total doscientos cincuenta y dos años de condena por el delito consumado de rebelión militar. Fuimos condenados a un total de doscientos tres años. Personalmente, a catorce años de reclusión. Inicialmente el fiscal solicitaba doce. En el Consejo de Guerra manifesté que había sido torturado en Comisaría, el fiscal elevó la petición a quince. De los cuales el Consejo finalmente rebajó a catorce. Es cierto que al escuchar la sentencia nunca pensé que el franquismo pudiese durar tanto y ese optimismo siempre me ayudó a sobrellevarlo.

El Consejo había comenzado el día 19 de noviembre de 1960 a las 9:30 horas y finalizado a las 14:00 horas. En esas cinco horas y media, el relator había intervenido extensamente, el fiscal nos había acusado y nuestro defensor nos había defendido, oídos los procesados y visto para sentencia el juicio de los diecisiete procesados. En justicia, un verdadero procedimiento sumarísimo.

Quince días más tarde, en diciembre de 1960, fuimos trasladados a la prisión Central de Burgos, ya como condenados, con penas que considerábamos largas. Cumplido el periodo de aislamiento preceptivo, salimos al gran patio y nos encontramos con más de ochocientos presos políticos con quince, dieciocho, veinte años de cárcel efectiva a sus espaldas. Eran personas que habiendo participado en la Guerra Civil y siendo condenados una primera vez, fueron puestos en libertad condicional; al finalizar la segunda guerra mundial, volvieron a organizarse y fueron condenados una segunda vez: sumando los años de cárcel efectivos alguno llevaba hasta veintisiete años.

Recuerdo especialmente a dos de estos hombres:

–       Jacinto Ochoa Marticorena, afiliado en Pamplona a las Juventudes Socialistas Unificadas, detenido en julio del treinta y seis y condenado a treinta años. Se fuga del Fuerte San Cristóbal y pasa a Francia de donde regresa con los guerrilleros. Otra vez detenido y vuelto a condenar a treinta años.

–       Fernando Macarro (más conocido como Marcos Ana), detenido en el campo de Albatera, en abril de 1939 y condenado a treinta años. En la prisión de Alcalá la organización del Partido Comunista “edita”, si modestamente así se puede decir, un “Mundo Obrero” hecho a plumilla. Por este hecho es condenado, de nuevo, a treinta años.

Es la necesidad de resolver la situación de muchos de estos presos políticos la que explica que el Gobierno de Franco, en un plazo de tiempo muy breve, conceda tres indultos y, en uno de ellos, con motivo de los 25 Años de Paz, se beneficie a los que lleven veinte años de cárcel ininterrumpidos.

Personalmente, en mi condena me beneficié de esos tres indultos: dos al morir los Papas (que se concedían no por el fallecimiento, sino por el nombramiento de los nuevos Papas); y el tercero con motivo de los 25 Años de Paz. Debido a esta nueva situación mi condena se redujo finalmente de catorce a siete años.

La vida en la cárcel de Burgos en los años 60 no podía compararse en dureza con la que habían soportado en los años 40. No había hambre, no había sacas de condenados a muerte. Los funcionarios de prisiones respetaban a los presos y estos respetando también la disciplina, mantenían una intensa vida política (única forma que les permitió mantener su dignidad y su esperanza durante tantos años).

Con la familia, los amigos, la esposa o la novia se mantenían entrevistas, pero siempre en locutorios que no permitían ningún contacto. Una reja, un pasillo por donde circulaba un funcionario, otra reja con una malla para evitar que se pudieran lanzar objetos.

Dentro de la cárcel imperaba una moral sexual rígida. La homosexualidad era motivo de expulsión del partido. La justificación era que facilitaba la actuación de la policía.

La prisión central de Burgos es un gran patio rodeado de cuatro edificios de dos plantas, en estos edificios estaban los dormitorios de los reclusos. En los 60 ya se dormía en literas, era en ese sitio donde se celebraban las reuniones. Allí, durante horas y horas, se discutió la “Política de Reconciliación Nacional”, el “Informe de Kruschef” sobre los crímenes de Stalin, los problemas entre chinos y soviéticos, etc.

No fue una época fácil para muchos camaradas para los que la figura de Stalin, o de Mao, se desmoronaba. Todo ello, incluso el planteamiento de la amnistía total tras el franquismo, eran procesos con los cuales era difícil mostrarse comprensivo después de tantos años de lucha. Para muchos de ellos, el derrumbamiento del sistema soviético en los años noventa pudo haber significado la desilusión definitiva.

En mi caso, mis años de cárcel pasaron rápido. Al salir en libertad condicional, no podía ejercer mi profesión de abogado, así que tuve que buscar trabajo dando clases y vendiendo neumáticos recauchutados. Durante ese tiempo, seguí perteneciendo y colaborando con el Partido Comunista. Tras cumplirse los dos años y medio de libertad condicional pude matricularme como abogado, primero en Madrid en donde el hecho de tener antecedentes penales por motivos políticos no impedía la matriculación. Más tarde, pude trasladar mi matrícula a Oviedo y una tercera vez, por fin, a Gijón.

Era el año 1967 y desde luego trabajo como abogado no me faltó. No tenía una gran compensación económica ya que la gran mayoría de mis clientes estaban vinculados al movimiento antifranquista y su situación variaba entre estar despedidos, detenidos o encarcelados. Conocía además, la indignación que le producía a la Brigada Social mi comportamiento. Aun así debo reconocer que el ejercicio de mi profesión en esa época me ha llenado de satisfacciones, experiencias y amistades que a día de hoy conservo y valoro sobremanera.

Tengo que recordar el apoyo que siempre me mostró el Decano del Colegio de Abogados de Gijón, D. Eduardo Ibaseta. Y por supuesto, también debo destacar el apoyo que, en esos difíciles años, tuve del Decano del Colegio de Abogados de Oviedo, D. Eusebio Abascal, viejo falangista que, sin embargo, pese a sus ideas, me apoyó en el ejercicio de mi profesión como defensor frente a las presiones policiales y del Gobernador Civil. Ambos decanos ya fallecidos.

Durante esos años seguía militando en la dirección del partido comunista en Asturias: fui detenido y multado en el año 1969 con 25.000 pesetas por manifestarme el 1 de mayo; detenido en una reunión de transportistas en una iglesia de Gijón en el año 1975; y mi última detención, es cierto que por unas horas y en compañía de mi mujer, fue en 1976. 

Miembro del Comité Central del, por fin, legalizado Partido Comunista, en el año 1978, después de 20 años de militancia, pedí la baja en el partido. Creo que un partido que, cuando no existen razones de clandestinidad que puedan justificarlo, no practica la democracia interna, no puede practicarla en la sociedad

Me dediqué a mi despacho como abogado hasta que el 23 de febrero de 1981 tomé la decisión de volver a la política. El bando del general Milán del Bosch, tan parecido a los Bandos del 36, me trajo muchas cosas a la memoria. El mismo día del Golpe de Estado del 23-F decidí ingresar en el Partido Socialista.

En octubre de 1982, el PSOE me presenta como candidato al Senado por Asturias y salgo elegido en sucesivas elecciones durante catorce años. Al cumplir los 65 años, me jubilo. Hasta ese momento fui: miembro del Parlamento Europeo; miembro del Consejo de Europa; presidí la Comisión de Justicia del Senado que contribuyó a elaborar el Código Penal del 95, también presidí las Comisiones de Suplicatorios. Estas Comisiones autorizan los procesamientos de los miembros del Senado por el Tribunal Supremo, a veces con una fuerte resistencia por parte de la Cámara Alta ya que al hacerse las votaciones por medio de bolas blancas y negras no se puede ejercitar el control por la dirección del grupo parlamentario. Esta situación se dio en el caso de Carlos Barral o el de algún senador con motivo del caso Filesa, de todas maneras en esta época siempre se acabaron concediendo las autorizaciones para continuar el procedimiento solicitado por el Supremo.

Como motivo de satisfacción, o de revancha histórica no exenta de ironía, debo decir que para la ampliación del Palacio del Senado, se utilizó en Madrid el cuartel de la calle del Reloj. En el mismo lugar donde se celebró el Consejo a los diecisiete procesados, en el mismo lugar en el que el Consejo de Guerra me condenó a 14 años, allí tuve mi despacho de senador durante 14 años.

Actualmente, continúo formando parte como Letrado no ejerciente del Colegio de Abogados de Gijón, del que me di de baja como abogado al ser elegido senador. Mi actividad principal es la Presidencia del Consejo Social de la Universidad de Oviedo, siendo mi preocupación fundamental el desafío que significa para la juventud española y para la Universidad la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior.

Para finalizar, tengo que confesarles que reconozco que he vivido. Hay una expresión muy común que ustedes habrán oído muchas veces: “Es de muy buena familia…es hijo de…” En la casa de mis padres se decía cuando se hablaba de la familia de algún magistrado, notario, registrador; esa misma expresión, y siempre la he escuchado con profundo respeto, la oí dentro del penal de Burgos en los años 60 aplicada a personas de distinta condición: “Es de muy buena familia… le fusilaron al padre…, el hermano está preso en la cárcel…”

Respecto a la Constitución de 1978, no voy a entrar en el debate de si debe o no ser reformada, recogió el espíritu de la Reconciliación Nacional, la misma reconciliación que, en 1956, el Partido Comunista fue el primero en anunciar. Y tenemos que agradecer y reconocer a los padres de la Constitución, tanto de derechas como de izquierdas, el éxito obtenido con ella.

Considero que he sido afortunado por haber visto y vivido las dos caras de la vida, por poder contarles hoy estas cosas, tranquilamente, sin ningún rencor. Estos hechos que sucedieron, que son historia, que podemos y debemos recordar. Y sobre los que el Proyecto de Ley de la Recuperación de la Memoria, presentado recientemente en el Congreso de los Diputados, no puede reavivar los odios de hace 70 años en la sociedad actual, tan distinta y tan distante.

Para finalizar, unas palabras de Francisco Tomás y Valiente:

“Hemos hecho en este país la transición a la democracia sobre una reforma cimentada en el silencio y la ruptura de la espiral de la venganza. Así había que hacerla y no hay que arrepentirse de ello. Pero del silencio al olvido y la ignorancia sólo hay dos pasos y sería pernicioso que muchos los dieran.”

Hoy, afortunadamente son otros los problemas. Podemos recordar sin odio y eso pretendo ante ustedes, jóvenes de otras generaciones y dedicar unos minutos a recordar historias pasadas, pero ciertas. Y a intentar que basemos nuestra actitud ante el pasado no en los pasos del olvido y la ignorancia, sino en la generosidad y la comprensión.

Muchas gracias.

En Burgos a 22 de junio de 2006″