La imprevista reforma constitucional pactada entre entre PP y PSOE, adelanta la necesidad en la próxima legislatura de una revisión en profundidad de nuestra Carta Magna.
Inclinándose del lado de quienes, precisamente, no creían en el proyecto de una España de ciudadanos iguales en derechos y deberes, nuestro presidente de gobierno trato de cerrar a lo largo de sus ocho años el debate territorial. Sin embargo, el apoyo a las reformas de diversos estatutos de autonomía, con la colaboración imprescindible de las fuerzas nacionalistas y del Partido Popular, no nos ha traido una España mejor preparada para la crisis.
Si la bajada de ingresos públicos hace todavía más patente la necesidad de reformas nacionales de calado bien sea en nuestro estado del bienestar o en nuestro mercado laboral; Si, como reconocen las instituciones internacionales, el agujero de las cuentas públicas españolas, se encuentra principalmente en el nivel autonómico. Y la deuda emitida por cataluña y valencia baja de calificación, y no encuentra comprador; Si ayer, los políticos socialistas andaluces, por ahora último bastión del PSOE, han empujado, a través de sus barones en el Congreso, la aprobación de una política nacionalista de gestión del agua, totalmente insolidaria, que contradice una sentencia constitucional y nos hace avanzar hacia la retaguardia y en contra del sentido común; Si los representantes políticos de los terroristas se encuentran más fuertes que nunca en las instituciones, sin haber condenado la violencia, ni haber pedido la disolución de la banda; Si el PSOE vota en el parlamento catalan y el parlamento español una moción promovida por los independentistas que trata de deslegitimar una sentencia judicial.
Creo que, por estas y más cosas, podemos considerar fracasado de manera rotunda el experimento territorial de nuestro gobierno; el PSOE haría bien en reflexionar que lo creado a su sombra durante estos años, más que un proyecto de país, se parece a una carrera acelerada de profundo egoismo territorial.
Sin embargo, cuando la crisis entra por la puerta, el sentimentalismo barato salta por la ventana. Desnudado por la crisis el lujo económico en que consiste este nacionalismo transversal e institucional, las cortes que entrarán tras el 20N deberán tomar consideración de cortes constituyentes. Y como tales, a imagen y enseñanza de lo que sucedió en la Transición, deberán pensar en los intereses reales de toda España y de todos los españoles.
Ya no es tiempo de discursos pequeños, pegados al terruño y a la boina, que tratan de hablar de lo anecdótico y olvidan lo importante. La lógica económica, y el impulso europeo, impulsarán, a su vez, reformas, principalmente en nuestro Estado del Bienestar, que favorezcan la integración de los territorios y el aprovechamiento de las economías de escala. Así, y como ejemplos, en los próximos años viviremos: una fusión municipal como la realizada en Italia; Veremos desaparecer las diputaciones; Y veremos como el reordenamiento de competencias en el sector público, y de su amplio perímetro, provocará el adelgazamiento de la administración durante unos años.
Este es un mundo nuevo, mucho más duro y complejo, un mundo en el que hay que ganar tamaño y competitividad, y en el que pintan bastos para la política exclusiva del “qué hay de lo mío”. Nada necesariamente malo, si con ello salvamos el estado del bienestar, bajamos las dramáticas cifras de desempleo, y por el camino todos: clase política, empresarios, sindicatos y ciudadanos, actuamos con responsabilidad.
Firma de opinión para Punto Radio, será radiada hoy viernes a las 19:45 en el programa «Queremos hablar»
Un Diario 