El gobierno ha decidido que la recuperación es inminente. Tras retrasar todo lo posible el reconocimiento de la crisis y anunciar fallidamente la recuperación del empleo en repetidas ocasiones -recordemos los vaticinios sobre el Plan “E” en 2008-, la salida de la recesión es ahora una decisión irrevocable del ejecutivo. Así pues, la realidad ha de ponerse a su servicio y las noticias económicas han de ser positivas. Buen ejemplo de ello es la evolución del IPC. Tras ocho meses de tasas interanuales negativas, el regreso a valores positivos ha sido recibido con gran satisfacción oficial. Si la deflación es un signo inequívoco del retroceso de la demanda y de la recesión, el regreso de la inflación es una señal evidente de que la recuperación económica está a la vuelta de la esquina.
Esta tesis asume que el crecimiento de los precios no sólo es bueno, sino necesario para el crecimiento económico, pues anima el consumo y la inversión, lo que en definitiva contribuye a reducir el desempleo, así como a mejorar la prosperidad y el bienestar de todos los ciudadanos.
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Sin embargo, la tozuda realidad parece no querer alinearse con la versión oficial. La deflación no es más que un aumento del poder adquisitivo del dinero, lo que en sí mismo no es ni bueno ni malo. Podemos estar ante un fenómeno positivo si es debido a avances de la productividad que superan el crecimiento de la oferta monetaria, pero puede ser un indicador negativo cuando se produce como consecuencia de la caída en la demanda agregada de unos endeudados agentes económicos y de la restricción del crédito que estrangulan a la actividad económica en su conjunto.
Un aumento de los precios no equivale a una mejor situación económica –como desafortunadamente pretendía demostrar la keynesiana “curva de Phillips”-. No olvidemos que la demanda se expresa en términos monetarios, por lo que los impulsos expansivos de gobiernos y bancos centrales pueden generar procesos de inflación que nada tienen que ver con un crecimiento sólido de la actividad económica. Inflación y deflación son, en última instancia, fenómenos monetarios.
El extraordinario aumento de la base monetaria provocado por los bancos centrales en los últimos dos años ha buscado deliberadamente compensar la caída en la demanda de crédito con el fin de salvar el abismo de una brusca contracción monetaria, en una permanente huida hacia adelante que diluye la deuda pasada y monetiza la deuda presente. El logro de este objetivo no ha permitido sin embargo restaurar el flujo de crédito hacia los agentes económicos privados y ha sentado las bases para generar incrementos de precios en determinados activos y materias primas. Aprovechando este río revuelto, bancos centrales, entidades de crédito y gobiernos se han entendido perfectamente en un juego en el que los primeros han puesto a disposición de los segundos toda la liquidez deseada al mínimo coste posible, mientras que éstos han destinado el caudal de nuevo dinero a adquirir la deuda pública de los terceros, dejando al margen y completamente secos los canales crediticios disponibles para familias y empresas.
Siendo cierto que estamos actualmente ante un escenario depresivo, sin embargo el avance del IPC ni refleja un fortalecimiento de la demanda (cuyos indicadores coyunturales siguen cayendo en medio de una morosidad que continúa al alza) ni es un síntoma de la recuperación del crédito privado (que retrocede un 1,5% frente a un incremento del 36% del crédito a las Administraciones Públicas), sino que se debe casi en exclusiva al incremento interanual en el precio del petróleo. No puede por ello ser considerado como el inicio de la recuperación, sino más bien como una latente amenaza para la capacidad de consumo de las familias y la competitividad de las empresas, peligro que se verá agravado llegado el momento, no muy lejano, en el que los bancos centrales aumenten los tipos de interés ante el temor a una inflación descontrolada.
Por otra parte, una sólida reactivación económica sólo se hará realidad cuando se traduzca en creación de empleo, algo todavía lejano. En el momento en que alcancemos tasas de empleo y de renta per cápita superiores a las que disfrutábamos antes de la crisis -sólo entonces- podremos decir que habremos superado este profundo bache.
El deseo compartido de ver una esperanzadora luz al final de este largo túnel no debe conducir a este irracional optimismo. No queda mucho tiempo para que el sólido crecimiento –éste sí- de los países más fuertes desate la amenaza inflacionista y los tipos de interés aprieten la soga de nuestra pesada deuda. Es preciso que quien tiene la responsabilidad adopte cuando antes y sin dilación las medidas necesarias para facilitar la reubicación de nuestros factores productivos -mediante las urgentes reformas que hace tiempo deberían haber sido realizadas-, para poner límite y reducir el endeudamiento público -comenzando por el estatal y siguiendo por el autonómico-, así como para reestructurar nuestro sistema financiero –entidades y marco regulatorio- y garantizar su aislamiento frente a las injerencias políticas.
Un Diario 